Investigan presunto desvío de 139 millones de pesos en administración del exalcalde David Demesa Barragán en Tepoztlán

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Tepoztlán, Morelos. — La administración municipal de Tepoztlán presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos por el presunto desvío de hasta 139 millones de pesos durante el gobierno municipal 2022–2024, encabezado por el exalcalde David Demesa Barragán, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales y reportes periodísticos.

El actual presidente municipal, Perseo Quiroz Rendón, informó que las irregularidades fueron detectadas tras el proceso de entrega-recepción, en el que se identificaron más de un centenar de observaciones no solventadas en la cuenta pública del municipio. Entre los señalamientos se encuentran inconsistencias en el ejercicio del presupuesto, gastos sin comprobación suficiente, contratos presuntamente inflados y anomalías en rubros como combustible, servicios y obras públicas.

De acuerdo con lo dado a conocer, los recursos observados corresponderían a distintos ejercicios fiscales y su monto acumulado podría ascender a 139 millones de pesos, cifra que ya es analizada por las instancias fiscalizadoras y ministeriales. El gobierno municipal señaló que parte de la documentación presentada ante la Fiscalía se integra con informes de auditoría, estados financieros y expedientes administrativos.

Como resultado preliminar de las revisiones internas, el Ayuntamiento informó la separación de al menos tres trabajadores municipales, cuyos casos fueron turnados a la Contraloría Municipal y al Tribunal de Justicia Administrativa, sin que hasta el momento se hayan determinado responsabilidades definitivas.

Las autoridades subrayaron que el procedimiento se encuentra en fase de investigación, por lo que no existe aún una resolución judicial ni vinculación a proceso contra el exalcalde o exfuncionarios de su administración. Hasta ahora, David Demesa Barragán no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos.

El caso ha generado reacciones entre habitantes y organizaciones civiles, quienes han exigido que las investigaciones se realicen con transparencia y que, de acreditarse responsabilidades, se apliquen las sanciones administrativas y penales correspondientes, a fin de garantizar la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

Las autoridades municipales aseguraron que darán seguimiento puntual al proceso legal y que informarán a la ciudadanía conforme existan resoluciones oficiales.

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