La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana León Hernández, informó que los daños ocasionados tras la toma de instalaciones universitarias ascienden a aproximadamente 60 millones de pesos, una cifra que coloca a la institución en una situación financiera y operativa crítica.
De acuerdo con declaraciones retomadas por La Jornada, los daños incluyen afectaciones a infraestructura, equipos, laboratorios, sistemas administrativos y actividades académicas que permanecieron suspendidas durante el conflicto estudiantil en distintos campus universitarios.
La rectora señaló que la universidad ya inició gestiones con el gobierno estatal para obtener respaldo económico extraordinario que permita reparar las instalaciones y restablecer plenamente las actividades académicas.
“Estamos haciendo una evaluación integral de todas las afectaciones”, explicó León Hernández, quien además reconoció que el impacto no solamente es económico, sino también académico y administrativo para miles de estudiantes y trabajadores universitarios.
La crisis se produjo luego de semanas de movilizaciones encabezadas por integrantes de la llamada Resistencia Estudiantil UAEM, quienes mantuvieron tomadas diversas instalaciones universitarias en protesta por demandas relacionadas con transparencia, condiciones estudiantiles y acuerdos con la administración central.
Aunque recientemente las instalaciones fueron entregadas nuevamente a la Rectoría tras la firma de acuerdos entre ambas partes, el conflicto dejó daños importantes que ahora representan un nuevo desafío para la universidad pública morelense.
La administración universitaria advirtió que, sin apoyo extraordinario, será difícil absorber completamente el costo de las reparaciones, especialmente en medio de las complicaciones financieras que históricamente enfrenta la UAEM.
Por su parte, estudiantes y sectores universitarios han señalado que más allá de los daños materiales, el conflicto evidenció tensiones acumuladas dentro de la institución, así como la necesidad de fortalecer mecanismos de diálogo, participación estudiantil y transparencia universitaria.
El caso también reabrió el debate sobre la fragilidad financiera de las universidades públicas en México y la capacidad de las instituciones para enfrentar crisis internas sin comprometer sus operaciones académicas.
La Rectoría informó que continuará realizando diagnósticos técnicos en todos los espacios afectados mientras se definen posibles apoyos por parte del gobierno estatal y federal.
📌 Nota original: La Jornada
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