La muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que llegó a Morelos desde la Universidad de Granada para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), llevó al Congreso del Estado a colocar nuevamente en el centro del debate la seguridad de las mujeres y estudiantes en Morelos.
Durante la sesión ordinaria del 17 de septiembre, diputadas de distintas fuerzas políticas coincidieron en exigir acciones institucionales frente a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, sus intervenciones marcaron distintos énfasis: prevención y revisión de las estrategias de seguridad, responsabilidad institucional y cuestionamientos a la situación de Cuautla.
El caso de Claudia no fue presentado por las legisladoras como un hecho aislado. La información pública disponible registra cinco estudiantes de la UAEM víctimas de feminicidio desde abril de 2025, cuatro de los casos ocurridos durante 2026: Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y Claudia Tacoronte Aguilera.
Luz Dary Quevedo: “Las instituciones deben funcionar antes de que ocurra una tragedia”
Desde la tribuna, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, centró su intervención en la necesidad de revisar las políticas de prevención y seguridad.
La legisladora condenó el asesinato de Claudia y expresó su solidaridad con su familia, con la comunidad de la Universidad de Granada y con la comunidad universitaria de la UAEM.
Quevedo Maldonado pidió al Gobierno del Estado revisar la estrategia “Morelos por la Seguridad”, evaluar el desempeño de los funcionarios responsables de ejecutarla y realizar los ajustes necesarios.
Su planteamiento fue que la respuesta institucional no puede limitarse a actuar después de que ocurre un crimen. En ese sentido, sostuvo que las mujeres y estudiantes necesitan saber qué están haciendo las autoridades para que puedan salir de sus casas y regresar con vida.
La postura coincide con iniciativas que la diputada había impulsado meses antes. En abril presentó seis propuestas relacionadas con seguridad y desarrollo de mujeres y jóvenes, entre ellas medidas sobre órdenes de protección, transporte público seguro y fortalecimiento presupuestal de refugios y centros de justicia para las mujeres.
En el caso de Claudia, su exigencia fue trasladar la discusión de las condolencias posteriores a una tragedia hacia la prevención y la evaluación de las estrategias de seguridad.
Andrea Gordillo: seguridad y coordinación entre autoridades
La diputada del PAN, Andrea Valentina Gordillo Vega, colocó el énfasis en la responsabilidad conjunta de las instituciones.
Desde tribuna hizo un llamado al Gobierno del Estado, autoridades de seguridad, Fiscalía General del Estado, Ayuntamiento de Cuautla y UAEM para coordinar acciones inmediatas destinadas a proteger a los estudiantes.
Gordillo Vega sostuvo que el asesinato de Claudia se suma a otros cuatro casos de estudiantes de la UAEM que han perdido la vida violentamente y planteó la necesidad de evaluar la política de seguridad pública no solamente a partir de estadísticas sobre reducción de delitos, sino por la capacidad de las autoridades para prevenir que las personas sean víctimas de la delincuencia.
La legisladora también puso sobre la mesa el contraste entre la respuesta institucional y el daño ocasionado a las familias. En su posicionamiento, señaló que garantizar la seguridad es una obligación de gobierno, mientras que una orden de aprehensión no puede borrar el dolor de una familia ni devolver la vida de una joven.
Su planteamiento coloca el caso de Claudia dentro de una discusión más amplia: qué tan efectivas son las estrategias de seguridad cuando una persona termina siendo víctima pese a los operativos y programas existentes.
Tania Valentina: el cuestionamiento más severo hacia Cuautla
La intervención de la coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, llevó el debate hacia la situación particular de Cuautla.
La diputada exigió que exista movilización institucional en todos los casos de violencia contra mujeres y cuestionó qué está ocurriendo con el denominado Plan Cuautla, en el que, de acuerdo con la información presentada ante el Congreso, participan alrededor de 1,800 elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal.
Rodríguez Ruiz también hizo referencia a la rapidez con la que las autoridades localizaron y detuvieron al presunto responsable del feminicidio de Claudia.
Francisco Javier “N”, conocido como “El Trompas” o “El Paco”, fue detenido el 17 de septiembre, cinco días después del asesinato de Claudia ocurrido el 12 de septiembre. La captura fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; pero en realidad, todos sabemos que fue la propia sociedad de Cuautla la que llevó a la captura del presunto responsable.
La diputada utilizó esa circunstancia para cuestionar por qué una movilización semejante no ocurre en todos los casos de violencia contra mujeres.
Su intervención incluyó además un cuestionamiento político particularmente severo sobre la administración municipal de Cuautla, a la que calificó como “municipio fallido” y cuestionó el funcionamiento del Ayuntamiento y del Cabildo.
Estas afirmaciones corresponden a la valoración política expresada por la legisladora en tribuna y no constituyen una determinación jurídica sobre la administración municipal.
Cinco nombres que llegaron a la tribuna
La discusión legislativa adquiere otra dimensión cuando se observa la cronología de los casos.
Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología, fue reportada como desaparecida en abril de 2025 y posteriormente localizada sin vida en Jiutepec. La Fiscalía estatal detuvo a su pareja, señalado como presunto responsable.
En febrero de 2026 desapareció Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Fue vista por última vez el 20 de febrero dentro del campus Chamilpa y su cuerpo fue localizado el 2 de marzo.
Ese mismo 2 de marzo se reportó la desaparición de Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. Su cuerpo fue localizado tres días después en Coatetelco. Hasta los reportes consultados no se había informado públicamente de la detención de responsables.
El cuarto caso correspondió a Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, estudiante de bachillerato de la UAEM. Desapareció el 24 de mayo y su cuerpo fue localizado posteriormente en Tepoztlán.
Finalmente, Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio de la Universidad de Granada, llegó a Morelos para realizar una estancia académica en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM. Fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla.
Así, aunque los casos ocurrieron en circunstancias, municipios y momentos diferentes, las cinco historias terminaron vinculadas por una misma condición: eran jóvenes relacionadas con la comunidad educativa de la UAEM.
“El Trompas”: cinco días después, una detención que abrió otro debate
La detención de Francisco Javier “N” se produjo cinco días después del crimen de Claudia y fue posible, de acuerdo con las autoridades, mediante un trabajo coordinado entre instituciones federales y estatales, además de información proporcionada por ciudadanos.
Posteriormente, una jueza determinó vincularlo a proceso por el feminicidio de Claudia y le impuso prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación complementaria. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia definitiva.
La rapidez de la captura se convirtió precisamente en uno de los argumentos utilizados por Tania Valentina para reclamar que la misma capacidad de reacción sea aplicada frente a los demás casos de violencia contra mujeres.
Una discusión que rebasa el caso Claudia
Las intervenciones de Luz Dary Quevedo, Andrea Gordillo y Tania Valentina coincidieron en un punto: la respuesta institucional debe ir más allá de las declaraciones posteriores a un feminicidio.
Pero cada legisladora puso el acento en una dimensión diferente.
Quevedo habló de prevención, evaluación y ajustes a la estrategia de seguridad.
Gordillo puso el foco en la coordinación entre Gobierno estatal, Fiscalía, Ayuntamiento y universidad, así como en la necesidad de medir la seguridad por su capacidad para proteger a las personas.
Tania Valentina llevó el debate hacia Cuautla, el Plan Cuautla y la capacidad de reacción de las instituciones, además de reclamar que la movilización ante los casos de violencia contra mujeres no dependa de la presión social o de la repercusión pública de cada caso.
Mientras tanto, el Congreso de Morelos manifestó su disposición para trabajar con el Poder Ejecutivo en materia de legislación, presupuesto y fortalecimiento institucional para proteger la vida y la integridad de las mujeres.
La pregunta que queda sobre la mesa ya no se limita a quién será detenido después de un feminicidio.
El debate abierto en el Congreso apunta a una cuestión previa: qué deben cambiar las instituciones para que las estudiantes puedan llegar a sus aulas, regresar a sus casas y desarrollar su vida sin que la violencia termine convirtiendo sus nombres en parte de una lista de víctimas.
Cinco estudiantes, cinco historias
- Aylin Rodríguez Fernández — abril de 2025.
- Kimberly Joselin Ramos Beltrán — febrero-marzo de 2026.
- Karol Toledo Gómez — marzo de 2026.
- Michelle Itzayana Fuentes Calderón — mayo-junio de 2026.
- Claudia Tacoronte Aguilera — septiembre de 2026.
El dato que llevó a las diputadas a la tribuna es contundente: cinco estudiantes vinculadas con la UAEM han sido víctimas de feminicidio desde abril de 2025, según los recuentos periodísticos publicados tras el asesinato de Claudia.
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