Tepoztlán, Mor.— Una revisión del Amparo 1641/2025 confirma que la suspensión concedida por el juez no frena las acciones de desalojo que el Ayuntamiento tiene previstas en el centro del municipio.
La medida cautelar otorgada a los comerciantes solo protege contra actos que impliquen su detención o privación de la libertad, por lo que las autoridades municipales están legalmente facultadas para retirar los puestos instalados de manera irregular, siempre que no se lleven a cabo arrestos.
Especialistas consultados señalan que la suspensión en un juicio de amparo no es absoluta, sino limitada estrictamente al acto reclamado: en este caso, impedir que los quejosos sean encarcelados. Fuera de ello, la autoridad mantiene la facultad plena para ejecutar acciones administrativas enfocadas en recuperar el espacio público.
Así ha sido el conflicto desde su inicio.
21 de noviembre — Un grupo de comerciantes presenta el Amparo 1641/2025, reclamando un posible uso de la fuerza que derive en detenciones.
25 de noviembre — El juez concede suspensión solo contra actos de detención o privación de libertad.
28 de noviembre — Comerciantes difunden en redes que la suspensión “prohíbe cualquier desalojo”, generando confusión entre habitantes.
1 de diciembre — El área jurídica del Ayuntamiento confirma que el fallo no impide el retiro de puestos, siempre sin detenciones.
El conflicto en cifras (actualizadas)
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Son –supuestamente– 58 comerciantes los que se mantienen ocupando espacios públicos.
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5 de ellos ya iniciaron su proceso para ser reubicados en el nuevo mercado.
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Solo 17 comerciantes han logrado acreditar de manera plena su actividad comercial.
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El resto no ha presentado documentación suficiente o no cuenta con autorización vigente para operar en la vía pública.
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El gobierno municipal estima que la recuperación del espacio beneficiará a residentes, comercios establecidos y a la movilidad en la zona centro, especialmente por la saturación registrada en fines de semana.
En Tepoztlán, donde la convivencia, el turismo y la economía dependen del orden urbano y del respeto al espacio común, resulta indispensable que la información se comunique con claridad. El cumplimiento de la ley y la correcta interpretación de las resoluciones judiciales son esenciales para evitar la desinformación y para garantizar decisiones públicas que beneficien al conjunto de la comunidad.
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