Ciudad de México.— Durante siete años, la Fiscalía General de la República (FGR) acumuló más de mil páginas de testimonios, pruebas y líneas de investigación sobre una presunta red de abuso sexual, trata y encubrimiento al interior de la iglesia La Luz del Mundo. Hoy, todo ese material está guardado en un cajón. El caso fue cerrado. Sin explicación convincente. Sin responsables. Sin justicia.
La decisión no solo deja en libertad a los altos mandos de la organización; también sepulta acusaciones que, de confirmarse, describen un entramado criminal de dimensiones estremecedoras.
Según la investigación revelada por El País, el expediente incluía denuncias de víctimas que hablaban de un sistema de explotación sexual sistemática encabezado por Naasón Joaquín García, líder de la iglesia condenado en Estados Unidos por abuso de menores.
Entre los elementos más graves, destaca la existencia de un hospital —identificado como Siloé, en Guadalajara— donde presuntamente se practicaban abortos a adolescentes abusadas para ocultar embarazos derivados de las agresiones.
Los testimonios también describen el uso de anticonceptivos forzados, la administración de medicamentos y la participación de personal médico que, de acuerdo con las declaraciones, “recibía sin hacer preguntas” a las víctimas.
Pero el expediente no se limita a eso. Señala la posible participación de guaruras del propio líder religioso en actos de abuso, así como la existencia de túneles y mecanismos de traslado clandestino de mujeres dentro del complejo religioso.
A esto se suma una red de vínculos políticos: legisladores, funcionarios locales y operadores cercanos a la organización religiosa aparecen en la carpeta de investigación, algunos señalados por presunto encubrimiento o cercanía con el grupo.
Pese a la magnitud de las acusaciones —que incluyen trata de personas, abuso infantil y enriquecimiento ilícito—, la FGR decidió no ejercer acción penal contra la cúpula de la iglesia.
El contraste es brutal: mientras en Estados Unidos el líder religioso enfrenta condenas y nuevas acusaciones, en México la investigación fue desechada, dejando intacta la estructura de poder que lo rodea.
Las víctimas lo han dicho con claridad: el cierre del caso no es solo un acto administrativo, es un mensaje de impunidad. Un recordatorio de que, incluso ante expedientes robustos, testimonios directos y antecedentes judiciales internacionales, el sistema puede fallar.
La promesa del gobierno federal de revisar el caso llega tarde para quienes esperaron años una respuesta. El daño está hecho: lo que pudo ser uno de los mayores procesos judiciales contra una red de abuso en México terminó convertido en otro expediente muerto.
Y con él, la justicia también.
Con información de: El País.
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