Una nueva ofensiva federal contra redes de corrupción y delincuencia organizada cimbró este miércoles a Morelos, luego de la detención de alcaldes, exfuncionarios y operadores políticos presuntamente ligados a una estructura de extorsión vinculada al crimen organizado.
El operativo, denominado “Enjambre”, fue encabezado por fuerzas federales y anunciado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó la captura de seis personas, entre ellas el presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala.
Las detenciones
De acuerdo con información difundida por medios nacionales y autoridades federales, los detenidos son investigados por presuntos delitos relacionados con extorsión, abuso de autoridad, despojo de propiedades y colaboración con grupos criminales que operan en el oriente de Morelos.
Además de los alcaldes, fueron detenidos:
- Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla.
- Pablo Adrián “N”, empresario y oficial mayor.
- Jonathan “N”, tesorero municipal.
- Arisbel Rubí “N”, excandidata a la presidencia municipal.
Las autoridades también confirmaron que continúa la búsqueda del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien sería investigado dentro de la misma red criminal.
Presunta red ligada al Cártel de Sinaloa
La Fiscalía General de la República sostiene que la estructura intervenida mantenía presuntos vínculos con operadores del Cártel de Sinaloa, particularmente con un personaje identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, señalado como operador regional del grupo criminal.
Según las investigaciones, empresarios, transportistas y comerciantes denunciaron cobros de piso, amenazas y presiones para entregar recursos económicos a esta red.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de 32 personas físicas y morales relacionadas con la investigación.
Congreso y partidos reaccionan
Tras las capturas, el Congreso de Morelos inició el análisis jurídico para garantizar la gobernabilidad en los municipios involucrados. En el caso de Atlatlahucan, la síndica municipal asumiría provisionalmente las funciones de gobierno mientras avanzan las investigaciones.
Diputados locales afirmaron que no habrá protección política para funcionarios implicados y respaldaron las acciones federales. Algunos partidos comenzaron a deslindarse públicamente de los detenidos.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó respaldo a la estrategia federal y aseguró coordinación con el gabinete de seguridad.
Un golpe político sin precedentes recientes
Analistas y medios nacionales han comparado esta operación con el llamado “Michoacanazo” de 2009, cuando decenas de funcionarios fueron detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado.
La “Operación Enjambre” ya había sido aplicada anteriormente en otras entidades y, según reportes oficiales, suma más de 70 servidores públicos detenidos en distintas investigaciones relacionadas con corrupción y delincuencia organizada.
El caso representa uno de los golpes políticos y judiciales más fuertes registrados en Morelos en los últimos años y podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión conforme avancen las investigaciones federales.
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