El Ayuntamiento descarta la existencia de un freno definitivo a las obras del campus agroalimentario y enfatiza la necesidad de agotar las vías normativas para blindar jurídicamente la infraestructura educativa.
Por: Redacción Local / Tepoztlán, Morelos
TEPOZTLÁN, MOR.— El Gobierno Municipal de Tepoztlán reafirmó su postura de legalidad y responsabilidad administrativa en torno a los procesos de construcción del campus local de la Universidad del Bienestar. Ante la difusión de versiones en plataformas digitales que sugerían una parálisis definitiva de los trabajos, las autoridades municipales precisaron que el proyecto continúa activo y en fase de desahogo normativo, priorizando la seguridad jurídica y la correcta integración comunitaria de la institución.
La futura sede universitaria estará enfocada formalmente en la formación de profesionales dentro de la ingeniería en ramos agrarios y agroalimentarios, un sector considerado estratégico para el desarrollo socioeconómico de la región del norte de Morelos. Sin embargo, debido a las características geográficas e históricas del emplazamiento propuesto, la emisión formal de la licencia de edificación requiere la resolución de especificaciones técnicas y legales complejas.
Coordinación ambiental y readecuación técnica
Uno de los aspectos más rigurosos del proceso ha sido el cumplimiento de los estándares medioambientales. El terreno destinado para albergar la infraestructura educativa colinda de forma directa entre una zona catalogada de preservación ecológica y un área que cuenta con aptitud legal para la urbanización y la construcción comunitaria.
Derivado de esta situación geográfica, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) solicitó en su momento una serie de modificaciones sustantivas al diseño arquitectónico original con el fin de mitigar cualquier impacto en los ecosistemas circundantes. Las autoridades locales informaron que dichos ajustes técnicos ya fueron ejecutados satisfactoriamente por los desarrolladores y presentados ante el pleno del Ayuntamiento para su respectiva validación técnica.
"Lo que buscamos como administración es actuar con absoluta responsabilidad legal. No se trata de detener el progreso educativo, sino de asegurar que cada permiso emitido cumpla estrictamente con la ley para evitar futuras controversias administrativas que puedan perjudicar el patrimonio de los estudiantes."
Derechos indígenas y la consulta al INPI
El nudo legal prioritario que analiza actualmente el Ayuntamiento radica en el estatus jurídico de la comunidad de San Andrés de la Cal. Al amparo del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta localidad posee un reconocimiento formal como pueblo originario e indígena, lo que activa prerrogativas específicas en materia de gobernanza y territorio.
Representantes del gobierno municipal indicaron que existe un debate técnico respecto a si es de carácter obligatorio agotar el procedimiento de consulta previa, libre e informada. Sectores de la población local sostienen que dicho mecanismo no resulta indispensable en esta etapa, argumentando que la comunidad ya ha celebrado múltiples asambleas internas donde se ha externado un consenso favorable respecto a la idoneidad y conveniencia de recibir el campus universitario.
Con el propósito de esclarecer el marco de actuación y no incurrir en omisiones o responsabilidades por la eventual falta de una consulta formal, el Ayuntamiento ha turnado un requerimiento técnico ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Esta instancia federal será la encargada de dictaminar el alcance vinculante de los usos y costumbres locales frente a las obras públicas de esta envergadura.
Efecto del marco electoral local
La administración local compartió además las gestiones previas realizadas ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) para explorar la viabilidad de una consulta ciudadana ordinaria. No obstante, el órgano electoral notificó una limitante técnica: debido al inicio del año y proceso electoral, el marco normativo vigente prohíbe de forma tajante a las autoridades gubernamentales convocar o coordinar ejercicios de consulta social de esta índole, con el fin de preservar la neutralidad del periodo. Aunque la disposición legal limita los márgenes de acción inmediata del cabildo, las autoridades confirmaron su respeto absoluto a las instituciones electorales.
Finalmente, el Ayuntamiento de Tepoztlán reiteró que el proyecto no se encuentra archivado ni suspendido de forma punitiva. La prioridad institucional se centra en obtener el dictamen definitivo del INPI para, con base en criterios estrictamente jurídicos y de respeto a los pueblos indígenas, proceder con la determinación formal sobre la licencia de construcción, dotando al municipio de un proyecto universitario transparente, sustentable y plenamente legal.
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