Partido Verde respalda clausura de desarrollo en Tepoztlán y defiende blindaje legal con fuerzas federales

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 TEPOZTLÁN, Morelos — Tras la clausura de un complejo turístico no autorizado dentro del Parque Nacional El Tepozteco, el Partido Verde celebró la intervención de las autoridades y subrayó que la participación de las fuerzas de seguridad es indispensable para frenar la impunidad inmobiliaria en áreas naturales protegidas.

El instituto político puso el foco en la efectividad del marco jurídico vigente, destacando la reforma que impulsó en la Cámara de Diputados a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) —publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025—. Dicha modificación otorga facultades explícitas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para solicitar la intervención inmediata de la Guardia Nacional cuando inspectores enfrenten resistencia, bloqueos o riesgos durante sus diligencias.

La postura del Partido Verde

De acuerdo con el instituto ecologista, dotar de herramientas legales y acompañamiento de seguridad a los inspectores es un paso decisivo para evitar que infractores impidan las clausuras:

  • Protección a las diligencias: Aseguraron que la presencia de la Guardia Nacional garantiza que las inspecciones se cumplan sin impedimentos frente a quienes buscan evadir la ley.

  • Cero tolerancia a obras clandestinas: Reiteraron su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que castiguen y prevengan daños irreversibles al patrimonio natural de México.

  • Coordinación institucional: Señalaron que el nuevo marco legal permite una articulación efectiva entre dependencias federales y corporaciones de seguridad para detectar oportunamente obras ilegales.

El caso: Diez cabañas y alberca en el Bosque de Agua

La postura partidista surgió a raíz del operativo conjunto donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y autoridades municipales frenaron la construcción de diez cabañas y una alberca en la comunidad indígena de Amatlán de Quetzalcóatl.

El desarrollo carecía de manifestación de impacto ambiental y se realizaba sobre el denominado Bosque de Agua, zona vital para la recarga de los acuíferos de la región central del país, por lo que el Partido Verde insistió en que la vigilancia ambiental debe mantenerse reforzada y con pleno respaldo de la fuerza pública en todo el territorio nacional.

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