Bitácora Tepozteca 0001: Legalidad sin legitimidad: la disputa que define a Tepoztlán

Esta es la primera Bitácora Tepozteca, a partir de ahora, este será el medio en el que escribiré mis perspectivas y opiniones sobre temas de interés para el pueblo tepozteco, sabiendo de ante mano que en la actualidad 一como en todo tiempo一 en este dinámico trozo del territorio del estado de Morelos ocurre. 

Todos los lunes llegará a ustedes una Bitácora Tepozteca a través de Noticias en Tepoztlán. Y esta, la primera, se centra en el, para nada nuevo, conflicto comunal. 

Lo que aquí digo lo digo con respeto a todos los tepoztecos y tepoztecas; pero abona haciendo un análisis objetivo del conflicto comunal que persiste, y subsiste en Tepoztlán... 

Legalidad sin legitimidad: la disputa que define a Tepoztlán

En Tepoztlán, la ley existe. Está escrita, firmada, sellada. Pero no siempre manda.

El conflicto comunal que atraviesa este Pueblo Mágico no es nuevo, ni es superficial. Es, en realidad, la expresión más clara de una tensión profunda: la que existe entre lo que es legal y lo que la comunidad considera legítimo. Y en ese choque, la justicia —al menos la percibida— no siempre coincide con el derecho.

Durante décadas, los tribunales han emitido resoluciones claras sobre la propiedad de la tierra. Un ejemplo contundente ocurrió en 2018, cuando la Suprema Corte ordenó la restitución de tierras a los comuneros frente a intereses privados que buscaban desarrollar un campo de golf. La resolución reconoció que las tierras pertenecen a la comunidad agraria desde una dotación presidencial de 1929, invalidando documentos que pretendían acreditar propiedad privada .

En términos legales, el caso parecía cerrado; pero en términos sociales, no. La respuesta, en Tepoztlán, no es jurídica: es política, y también cultural.

Porque dentro de la comunidad existe otro nivel de legitimidad, uno que no está en códigos ni tribunales, sino en asambleas. En ese ámbito, las decisiones sobre la tierra —incluida su venta— pueden ser consideradas válidas si se apegan a los llamados “usos y costumbres”, es decir, al sistema normativo interno de la comunidad .

Esto abre una paradoja incómoda: algo puede no ser plenamente legal en términos del Estado, pero sí legítimo para la comunidad. Y al revés: una resolución judicial puede ser impecable en derecho, pero carecer de aceptación social.

El conflicto reciente en torno a la representación de bienes comunales lo ilustra bien. Procesos cuestionados, asambleas desconocidas y autoridades impugnadas reflejan que incluso dentro del propio núcleo comunal hay disputas sobre quién tiene la legitimidad para decidir .

Así, el problema deja de ser solo de propiedad y se convierte en uno de legitimidad del núcleo comunal.

Tepoztlán vive una realidad compleja: un territorio comunal con dinámicas urbanas, turísticas y económicas que rebasan el marco agrario tradicional. La ley, por sí sola, no alcanza a ordenar esa complejidad. Y la legitimidad comunitaria, por sí sola, tampoco garantiza certeza jurídica para todos.

Entre ambas, queda un vacío; un vacío donde caben conflictos, tensiones y, sobre todo, incertidumbre. Porque no todo lo legal es legítimo. Pero tampoco todo lo legítimo es legal.

Y mientras esa brecha no se cierre, Tepoztlán seguirá siendo algo más que un destino turístico: será el espejo de un país donde la tierra, la ley y la comunidad no siempre hablan el mismo idioma.